La administración judicial en el proceso penal.

La aplicación del administrador judicial en un procedimiento de acción penal, se presentará en caso donde se apliquen medidas cautelares, por medio de las cuales se impide que el sujeto pueda disponer libremente de bienes de su propiedad, para garantizar el resultado del proceso principal, estas medidas solo pueden ser decretadas por el estado o jurisdicción.

El establecimiento de un administrador judicial dentro del proceso penal, se puede contemplar en tres escenarios, bien sea como medida cautelar, como medio de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias o bien como consecuencia accesoria de la pena.

De las medidas cautelares de administración judicial

Como hemos resaltado, la aplicación de las medidas cautelares en un proceso pena, son provistas en función de garantizar la ejecución de las decisiones judiciales, mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos que corresponde dilucidar en el proceso.

En ese sentido se pueden señalar como características generales de las medidas cautelares, lo siguiente:

• Instrumentalidad: Calamandrei explica que “las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que sólo sirven para proteger, precaver o prevenir un fallo principal, de tal manera que son un instrumento del proceso para garantizar la eficacia y efectividad del proceso mismo”. La Instrumentalidad constituye en sí, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, por lo que se puede considerar como la característica principal de las mismas.
• Provisoriedad o interinidad: Tienen validez hasta la finalización de los efectos penales, su efecto será sustituido por otro de carácter permanente.
• Judicialidad: Están bajo la tutela u orden de juez o tribunal, tienen necesariamente están referidas a un juicio y están conectadas directamente al juicio o hecho penal que se lleve a cabo.
• Variabilidad o mutabilidad:Pueden ser modificadas o revocadas, si así lo requieren las circunstancias del caso.
• Urgencia: El carácter de urgencia de las medidas cautelares, se utiliza como medio para garantizar la rapidez y efectividad con la que se intervenga la situación de hecho. Se puede presentar mediante la simplificación del proceso de trámites, para lograr una mayor efectividad, y en la toma de medidas de precaución y cuidado del cumplimiento de los trámites, una manera de evitar retardos y trabas.

De la administración judicial en las responsabilidades pecunarias

Una responsabilidad pecunaria es donde se obliga al sancionado a pagar una suma de dinero como pena del delito, mejor conocido como fianza. El órgano competente determinará la cantidad de la fianza, dependiendo del delito cometido, y deberá ser mayor a la tercera parte más el importe probable de las responsabilidades pecuniarias.

Si la fianza no es cumplida, se procederá al embargo de bienes del procesado, las cuales deben cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias. También es utilizado se utiliza para denominar al deber que tiene una parte de llevar a cabo la entrega de un dinero en efectivo a otra, en señal de prestación.

Se podrá entonces acudir a la figura de administrador judicial cuando las responsabilidades pecunarias han quedado aseguradas en el transcurso del proceso, es decir cuando están establecidas las fianzas o embargos

De las consecuencias accesorias de la pena o delito

Una consecuencia accesoria se trata de la mediación judicial de la empresa, como medio orientado a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos que pueda tener la misma.

En este sentido se prevé la posibilidad de que el juez o tribunal puedan imponer a empresas, sociedades o asociaciones consecuencias accesorias:

• Clausura temporal o definitiva.
• Disolución.
• Suspensión de las actividades.
• Prohibición temporal o definitiva de realizar determinadas actividades, operaciones mercantiles o negocios.
• Intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

En este sentido la administración judicial se puede considerar que está destinada a asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido, para evitar la continuidad delictiva, así como mantener la igualdad de las partes en el juicio si existieren.